sábado, 29 de noviembre de 2014

Medios públicos... ¿Públicos? 20141129

Hace poco, el Gobierno central nombró director de los informativos de TVE al jefe de Opinión del diario ultraconservador La Razón. Poco después, colocaba al frente del centro de Cataluña al hasta entonces asesor en materia de comunicación de la jefa del PP en dicha comunidad. Todo ello mientras las plantillas, tanto de la tele oficial española como, por cierto, de su versión catalana, TV3, expresaban una y otra vez sus protestas por el evidente grado de manipulación que los respectivos responsables políticos han impuesto en ambas cadenas públicas. ¿Públicas? Para nada. 

Ayer la redacción de TVE estalló, tras el cese de varios jefes de sección. Normal. Si los telediarios vivieron durante la época de Zapatero un breve pero interesante paréntesis de independencia, calidad y credibilidad (por supuesto dominaron los rankings de audiencia; no como ahora), hoy son una correa de transmisión del Gobierno y del PP. En algunos casos, la manipulación resulta tan evidente y grosera que causa vergüenza ajena. Los periodistas se han pronunciado sucesivamente contra el nombramiento tanto del anterior director como del actual. Pero su opinión no cuenta.

¿Tiene sentido que unos medios supuestamente concebidos y descritos como "servicio público" sean utilizados de la forma más sectaria por quienes gobiernan en cada momento? ¿Es razonable que cada relevo en el Ejecutivo traiga aparejado el de los responsables de dichos medios a todos los niveles? ¿Cómo se justifica entonces el elevado coste de unos complejos mediáticos cuya insostenibilidad suele ser manifiesta (véase el desdichado caso del Canal 9 valenciano)?

El estatuto de la prestigiosa BBC y de otras televisiones públicas europeas define unas reglas de independencia que seguramente no son infalibles, pero que se sitúan a años luz por encima de las vigentes en España. Dichas reglas, por supuesto, no eliminan el compromiso y la capacidad crítica. La clave más bien radica en el respeto a la profesionalidad y la libertad de los periodistas y a los derechos de la ciudadanía, que es, no se olvide, quien finalmente paga la factura. 

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