Si se quiere hacer un resumen de la actualidad política aragonesa,
hay que olvidar las palabras y centrarse en los números. De hecho, solo
el p'alante-p'atrás de Zaragoza en Común (aunque sea en temas
tan tontorrones como el de los adornos navideños de los comercios) le
pone al tema algún garabato conceptual. Lo demás es aritmética:
presupuestos, déficits, impagados, los 400 millones de inversión social
que exige Echenique a Lambán, los 100
millones que faltan para redondear tal cifra, los 50 millones que
reclama el Ayuntamiento de Zaragoza en la Ley de Capitalidad, dinero,
dinero, dinero. Estaba cantado, por supuesto. Ni el consejero de
Hacienda del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, es
capaz ya de seguir haciendo malabares en la cuerda floja, y eso que es
el mejor en tan abracadabrante cometido. Esta misma semana su
departamento intentó hacerles un caño a los sindicatos con el
tema de la extra de los funcionarios. Y al principio pareció que colaba.
Pero luego los interesados leyeron los diarios, entendieron que la paga
no iba a ser presupuestada... y se dieron cuenta de que lo pactado era
solo una promesa, un ya te veré. Se cogieron un rebote del tres.
Cualquier observador avispado ha llegado ya a la conclusión de que
las principales instituciones aragonesas necesitan elaborar otro tipo de
presupuestos. Si las cuentas se hacen año tras año siguiendo un patrón
invariable, la reiterada imposibilidad de cuadrarlas obliga a un cambio
total del modelo. Y no se trata, por supuesto, de recortar lo
fundamental, que son los grandes servicios públicos y todos los soportes
sociales, ni de hacer ahorritos rebañándoles 600 euros al mes a los
diputados de las Cortes (como propone Podemos con infantil empeño). Lo
que debe ponerse sobre la mesa es la sostenibilidad de institutos,
sociedades públicas, subvenciones, incentivos, externalizaciones a
precio de oro, burocracias inútiles, proyectos sin pies ni cabeza y una
distribución del gasto más basada en la rutina que en la verdadera
necesidad. La política, hoy, consiste en priorizar objetivos, obtener
ingresos mediante una fiscalidad progresiva, organizar una
administración eficaz e incrementar la productividad del sector público.
O sea... todo lo que nunca se plantearon los gobiernos autónomos
PSOE-PAR, que disfrutaron de una irrepetible época de abundancia, ni
mucho menos el último Ejecutivo PP-PAR, cuya proeza consistió en
devaluar la sanidad, la educación y todos los servicios sin conseguir
controlar el déficit sino todo lo contrario. O lo que hizo en el
Ayuntamiento de Zaragoza el propio Gimeno, escondiendo impagados y
deudas bajo las alfombras, a base de filigranas contables y muchísima
labia.
Los números se nos comen.
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