sábado, 5 de mayo de 2012

Democracia de baja intensidad 20120505

Junto a otras tres personas, Álvaro Castrillo Schneiter ha sido acusado de dirigir la ocupación de un edificio abandonado en la calle Lagasca por parte de activistas del Movimiento 15-M. Ha bastado para ello un confuso informe policial, en el que, por otra parte, se reconoce la dificultad de identificar a los autores de la citada ocupación. No hay pruebas ni testimonios ni fotos ni identificaciones directas. Pero Álvaro está imputado en toda regla por usurpación de inmueble, tras la denuncia interpuesta por la inmobiliaria (de la Caixa) propietaria de la casa ocupada.

Bueno, ya que anteayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, les diré que Álvaro Castrillo es periodista y actuó como tal en el seno del 15-M, facilitando información, coadministrando la página web y manteniéndose en contacto con los medios en un papel que no sería tanto el de portavoz como el de community manager. Esa relativa notoriedad le ha convertido (al igual que a Alfonso Alegre Val, otro comunicador del Movimiento) en el fácil blanco de una acción judicial dirigida obviamente a escenificar un escarmiento en toda regla.

Ocurre por otro lado que Álvaro no estuvo en la casa de la calle Lagasca ni fue nunca partidario de su ocupación. Ahora, sin embargo, debe responder por el delito de planear esa operación, disponer su ejecución, pegarle la patada a la puerta, organizar la resistencia y pretender quedarse con el edificio. Así funciona la Justicia española.

¿Es delito indignarse, protestar, criticar o comunicar mensajes contrarios a los oficiales? Como argumenta el propio Álvaro, ¿serán a partir de ahora los portavoces de los partidos u organizaciones políticas responsables penales de las conductas presuntamente ilegales de algunos de sus conmilitones? ¿O estamos ante el habitual ejercicio de arbitrariedad legal que deja sueltos a los más notorios delincuentes de cuello blanco mientras castiga a inocentes que osaron cuestionar el Sistema?

Y ya que estamos, hagámonos otra pregunta: ¿era y es legal el estado de abandono y ruina en que la Caixa y su inmobiliaria Servihabitat XXI mantenían y mantienen el desgraciado inmueble de Lagasca?

JOSÉ LUIS Trasobares 05/05/2012

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