domingo, 24 de julio de 2011

No es una hipoteca, es una estafa 20110723

El otro día, gente de Stop Desahucios impidió el desalojo de una familia en el barrio de Valdefierro. Según leí entonces, la historia empezó tiempo atrás, en el año 2002, cuando los afectados compraron una vivienda pidiendo para ello la habitual hipoteca. El banco (y les ruego estén atentos a los datos) tasó el piso en 350.000 euros y en base a tal garantía concedió el préstamo correspondiente. Pero luego los pagos se les atragantaron a los deudores y la entidad acreedora se hizo con la casa reclamando además el abono en metálico de 240.000 euracos porque de repente el inmueble sólo valía... 78.000 eurillos. Ya lo ven, la banca siempre gana; así funciona el casino de la vida.

A mí, semejante asunto no me parece que defina una hipoteca, que habitualmente ha sido entendida como un crédito obtenido para comprar un bien cuyo valor responde por lo prestado. Creo más bien que estamos ante una estafa palmaria, enorme, miserable y, eso sí, legal.

¡Ah, la Ley! He aquí el punto filipino de esta crisis. En nombre de la Ley y la Norma, los ricos eluden al fisco, las clases medias pagan el pato, los trabajadores pierden sus derechos... y la Iglesia Católica, esgrimiendo la Ley Hipotecaria (¡vaya por Dios!) y el Concordato, escritura a su nombre los bienes inmuebles que se le ponen por delante sean o no sean suyos.

Pero la ley no es algo objetivo ni esencialmente justo, es una elaboración política que suele responder a intereses específicos. Después de lo sucedido a Garzón o de ver a la derecha política y mediática montar el caso Faisán contra la lógica más elemental, no cabe confiar demasiado en las presuntas reglas de juego. Es curioso comprobar cómo un buen día el Gobierno (sin duda con muy buenos motivos) declaró el Estado de Alarma para meter en cintura a los controladores aéreos; pero no sabe, no quiere o no puede emplear un recurso similar para imponer una fiscalidad progresiva, normalizar los escandalosos sueldos de los altos ejecutivos, proteger los derechos constitucionales y empurar a las agencias de riesgo por sus maquinaciones para alterar el precio justo de las cosas. Buenos tiempos para la estafa.

J. L. Trasobares/El Periódico de Aragón/sábado 23.07.11

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