El Gobierno de Aragón todavía no ha decidido qué hará con la
cobertura sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Mientras, 86 médicos
de atención primaria han anunciado ya su intención de objetar una
posible supresión de tal asistencia. Ellos seguirán atendiendo a quien
lo necesite. ¿Existe otra salida para quienes aún posean un mínimo de
humanidad y de compromiso con la sanidad pública?
Retirar la cobertura a los sin papeles,
como no me canso de repetir, solo es el tajamar de un programa mucho
más amplio cuyo objetivo es un nuevo modelo sanitario. Pretender, como
hacen algunos voceros de la derecha, que esta es una medida decisiva
en la racionalización y la sostenibilidad del sistema de salud es una
broma, una más de las que nos vienen endosando los actuales gobernantes.
En realidad lo que se está haciendo es reducir todas las prestaciones
de carácter periférico que afectan a pocas personas o a colectivos
previamente estigmatizados. Por supuesto, así no se reducirán costes de
forma significativa. Eso vendrá luego, cuando a la chita callando se le
meta mano a lo que podríamos denominar ámbito fundamental de la sanidad
pública. El tremendo incremento de las listas de espera, el cierre y
concentración de servicios, la constante reducción de personal van en
esa dirección.
Que todo está en el aire (y no solo lo que afecta
a los inmigrantes sin papeles) lo demuestra el hecho de que se estén
pasando los meses sin que se renueven los contratos de los servicios de
ambulancia en la comunidad. No se ha convocado un nuevo concurso, pese a
que era preceptivo hacerlo. Según se ha explicado de manera oficiosa,
el retraso se debe a que no está claro si en el futuro habrá copago o no
por la utilización de dichos servicios. Lo cual plantea una doble
sospecha. Por un lado, quienes están en el ajo empiezan a pensar que
alguien, en el Pignatelli, quiere prorrogar como sea la contrata con la
empresa Ambuibérica, irregular, polémica y que ha tenido un coste
adicional de varios millones de euros. Por otro, centenares de pacientes
sujetos a tratamiento de diálisis o quimioterapia temen con fundadas
razones que en el futuro deban pagar por las ambulancias que les traen y
les llevan al hospital, a veces varios días a la semana.
El
traslado del coste sanitario desde los impuestos al copago por parte de
los usuarios es una espada de Damocles que pende sobre millones de
españoles: ancianos, pobres, discapacitados, parados, trabajadores con
contrato temporal... Si esta amenaza se suma a la que supone el
encarecimiento de la educación en todos sus niveles, el golpe será
demoledor y alcanzará incluso a las clases medias.
Silencios, evasivas, excusas... Y detrás de todo ello, un porvenir oscuro e incierto. Da miedo.
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