Esa idea de utilizar universitarios para reforzar la actividad
docente en colegios e institutos públicos no me parece, a simple vista,
ni solidaria ni constructiva ni innovadora. Más bien tiene la pinta de
ser un malabarismo para sustituir profesores interinos y de refuerzo por
estudiantes. La cosa es simple: los primeros son profesionales pero
cobran un sueldo, los segundos harán lo que puedan (que no será mucho)
por seis créditos académicos, o sea gratis. Algo así ya se intentó en
Madrid (por medio de la Fundación Botín) y quedó en nada ante el
escándalo general.
Este inaudito programa pretende utilizar a
jóvenes matriculados en la Universidad de Zaragoza (la mayoría de ellos
sin ninguna formación específica) en tareas de seguimiento y apoyo a los
alumnos de la enseñanza Primaria y Secundaria que arrastran
dificultades, están en riesgo de abandono escolar o viven en un entorno
familiar poco propicio para su formación. Y ello habría de ocurrir en
centros cuya plantilla docente ha sido previamente reducida. Genial
ocurrencia que esconde, bajo un envoltorio de buenas intenciones, el
objetivo de deconstruir la educación pública, reducir su calidad y dejar
a cientos o miles de niños en manos de pseudoprofesores aficionados.
Que la organización Save the children se haya metido en este barullazo
se puede entender porque últimamente algunas ONGs andan en estado de
shock como consecuencia del letal efecto que los ajustes presupuestarios
han tenido sobre sus ingresos. Además la ignorancia puede ser muy
atrevida. Pero que la Universidad haya dado cobertura a un programa de
tan dudosa naturaleza indica que aquí hasta la gente más preparada está
dispuesta a bailar al son que le tocan los actuales jefes, aceptando el
"no hay más remedio". Nuestra Alma Mater lleva un tiempo tirando piedras
a su propio tejado o, mejor dicho, al tejado de los profesionales que
forma en sus facultades.
Están en juego el presente y el futuro. La pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a permitir este delirio?
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