Aragón suspende o aprueba... pero no sabe dónde va 20161211

Aragón suspende en protección ambiental, si nos atenemos a emisiones de gases invernadero o la superficie construida... por habitante. Aunque, claro, tenemos un territorio tan grande y desolado, que si el mismo cálculo se hace relacionándolo con los kilómetros cuadrados ya no salimos mal parados, más bien al revés. Con todo, acojona saber que, desde hace treinta años, en esta bendita Comunidad se ocupa suelo (para viviendas, equipamientos e infraestructuras) a un ritmo de dos hectáreas (veinte mil metros cuadrados) al día... o que las centrales eléctricas que queman carbón han empeorado nuestros niveles de contaminación en un sentido radicalmente opuesto al que sigue la Unión Europea, donde han bajado.

Pero lo más inquietante de todo esto no es ya el menosprecio que gastamos con la ecología (conocimiento que tantas burlas provoca entre los idiotas), sino la evidente ausencia de programas a medio y largo plazo, en una tierra cuyas condiciones climáticas cambiarán (a peor) si las temperaturas siguen subiendo. Ese vacío estratégica es, por ejemplo, el mismo que nos tiene enganchados a una corporación de sociedades públicas ruinosas, sin que ni una sola fuerza política u organización social proponga alternativa alguna. O el que deja en el aire sistemáticamente un futuro que fiamos a la mera inercia, mientras defendemos las minas de un combustible fósil inaceptable, un megatúnel por el Pirineo central que jamás veremos o unos pantanos sin porvenir ni lógica.

No sabemos qué hacer con la inmensidad del territorio. Salvo destruirlo allí donde es posible hincarle el diente. No hemos creado imagen de marca para nuestros productos agropecuarios e industriales. No disponemos de un tejido social capaz de entender por dónde hay que avanzar. Desde los ámbitos públicos y semipúblicos, la cuestión de la tecnología se ve como un lugar común en los discuros; pero luego, en los actos donde se supone que van los próceres a lucirse diciendo cosas (y no dando palmadas y apretones de mano a todo quisque), casi nadie es capaz de explicarse con criterios del siglo XXI.

Todo esto, desde luego, le pasa a Aragón y a casi toda España (salvo al País Vasco y en menor medida a Cataluña). Todos estamos encantados, según la versión oficial, con exportar más gracias a un brutal descenso de los costes salariales y obtener ingresos provenientes del turismo, cuyos récords son celebrados con la misma euforia triunfal de los años Sesenta. La noticia de que los precios de los pisos vuelven a remontar dispara el optimismo de los especuladores... y de los incautos. No aprendemos.

Pero si otras comunidades españolas se pueden permitir esta desidia (porque tienen mar, o más recursos y población), Aragón se está quedando sin masa crítica, sin gente ni capacidad para reaccionar allí donde aún la hay. Por eso aquí no nos vale con vernos medio bien situados en las estadísticas, los rankings y los informes. Los cáculos per cápita son muy engañosos. Somos pocos, cada vez menos. Y los más listos, esos jóvenes de cuya formación nos enorgullecemos, acabarán... yéndose.

JLT  11/12/2016

Que no, que no hay dinero 20160320

Después de un verano y un otoño prometiendo maravillas a quienes visitaban el Pignatelli, el Gobierno aragonés se enfrenta a la realidad. Se sabía y se había dicho que los últimos presupuestos (al igual que los elaborados por el PP en años anteriores) eran pura ficción. Cuadrar gastos e ingresos a martillazos y estirando estos más allá de toda lógica conducía directamente a la situación actual: no hay dinero. Fernando Gimeno, el consejero de Hacienda, intenta hoy repetir sus malabarismos municipales. Entonces logró mantener a flote el Ayuntamiento de Zaragoza retrasando los pagos, dejando otros en el aire o pendientes de sentencias judiciales y sosteniendo el día a día económico con el frenético estrés de esos artistas circenses que ponen a girar uno y dos y tres y más platos al final de unas largas varas, acelerando sus movimientos hasta el paroxismo para mantener el equilibrio del tinglado y evitar que se venga abajo. Lo malo es que una administración como la autonómica supera en complejidad a la local y además tiene menos flujo de caja. Para colmo, en la actualidad las modificaciones de crédito (es decir, los trasvases de fondos de una a otra partida) deben pasar por las Cortes. Ahí se ha estrellado el intento de extraer unos cuantos millones de los servicios sociales para trasladarlos a las comarcas y al pago de la extra escamoteada a los funcionarios en 2012.

Insisto: los presupuestos de Aragón deben ser elaborados renunciando de una vez al esquema habitual. Es preciso replantearlo todo, definir las prioridades, controlar el gasto, ampliar los ingresos y sobre todo afinar los mecanismos burocráticos para pagar por las cosas lo que éstas valen... y no más. Seguramente, si una gran parte de los contratos suscritos por la DGA en los últimos lustros fuesen objeto de una evaluación como la llevada a cabo en Plaza, el sobrecoste emergería una y otra vez. Y no (o no sólo) por la presunta existencia de mordidas o apaños de cualquier tipo, sino también porque las administraciones no invierten con tino, suelen admitir ofertas desorbitadas y se someten a los manejos de sus grandes contratistas y proveedores. No todo lo que reluce es oro en la externalización de servicios.

El montante de muchas obras, conciertos económicos, sociedades públicas, programas informáticos o producciones televisivas (amén de otras muchas cosas) se ha desorbitado. Y ello se debe antes de nada a una gestión poco profesional por parte de quienes deben contratar y comprar. No se trata sólo de cumplir con los requisitos normativos (a veces irracionales y escasamente efectivos pese a su aparente objetividad) sino de pagar lo justo y no dejarse arrastrar por el sobreprecio. Es la diferencia que hay entre el gasto y la verdadera inversión.

JLT  20/03/2016

La política aragonesa se expresa en números 20151129

Si se quiere hacer un resumen de la actualidad política aragonesa, hay que olvidar las palabras y centrarse en los números. De hecho, solo el p'alante-p'atrás de Zaragoza en Común (aunque sea en temas tan tontorrones como el de los adornos navideños de los comercios) le pone al tema algún garabato conceptual. Lo demás es aritmética: presupuestos, déficits, impagados, los 400 millones de inversión social que exige Echenique a Lambán, los 100 millones que faltan para redondear tal cifra, los 50 millones que reclama el Ayuntamiento de Zaragoza en la Ley de Capitalidad, dinero, dinero, dinero. Estaba cantado, por supuesto. Ni el consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, es capaz ya de seguir haciendo malabares en la cuerda floja, y eso que es el mejor en tan abracadabrante cometido. Esta misma semana su departamento intentó hacerles un caño a los sindicatos con el tema de la extra de los funcionarios. Y al principio pareció que colaba. Pero luego los interesados leyeron los diarios, entendieron que la paga no iba a ser presupuestada... y se dieron cuenta de que lo pactado era solo una promesa, un ya te veré. Se cogieron un rebote del tres.

Cualquier observador avispado ha llegado ya a la conclusión de que las principales instituciones aragonesas necesitan elaborar otro tipo de presupuestos. Si las cuentas se hacen año tras año siguiendo un patrón invariable, la reiterada imposibilidad de cuadrarlas obliga a un cambio total del modelo. Y no se trata, por supuesto, de recortar lo fundamental, que son los grandes servicios públicos y todos los soportes sociales, ni de hacer ahorritos rebañándoles 600 euros al mes a los diputados de las Cortes (como propone Podemos con infantil empeño). Lo que debe ponerse sobre la mesa es la sostenibilidad de institutos, sociedades públicas, subvenciones, incentivos, externalizaciones a precio de oro, burocracias inútiles, proyectos sin pies ni cabeza y una distribución del gasto más basada en la rutina que en la verdadera necesidad. La política, hoy, consiste en priorizar objetivos, obtener ingresos mediante una fiscalidad progresiva, organizar una administración eficaz e incrementar la productividad del sector público.

O sea... todo lo que nunca se plantearon los gobiernos autónomos PSOE-PAR, que disfrutaron de una irrepetible época de abundancia, ni mucho menos el último Ejecutivo PP-PAR, cuya proeza consistió en devaluar la sanidad, la educación y todos los servicios sin conseguir controlar el déficit sino todo lo contrario. O lo que hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza el propio Gimeno, escondiendo impagados y deudas bajo las alfombras, a base de filigranas contables y muchísima labia.

Los números se nos comen.

JLT  29/11/2015

Contra la corrupción, transparencia 20150401

La corrupción no tiene demasiado que ver con el sueldo de los políticos, el número de cargos públicos o la mayor o menor extensión del Estado (la externalización de cuyas funciones es, precisamente, el mejor caldo de cultivo para la podredumbre). Es necesario insistir en ello una y mil veces (disculpen la matraca), porque pese a todo lo que ha caído y sigue cayendo mucha gente aún no ha entendido cómo y dónde se cuece la auténtica gran estafa.

Para poner en orden este país nuestro hacen falta sistemas de control y absoluta transparencia. Aragón ha aprobado una ley bastante avanzada al respecto, y por ahí han de ir los tiros. Las administraciones públicas deben habitar edificios de cristal. También los bancos, las grandes compañías cotizadas en bolsa, las fundaciones, las sociedades anónimas, las empresas... Luz y taquígrafos: sepamos qué hacen quienes nos gobiernan. Conocer sus ingresos y patrimonio parece elemental, pero ahí no está la madre del cordero sino en los contratos que firman, los convenios, las subvenciones, la contabilidad de las sociedades públicas (incluidas las participadas), de los institutos, de los organismos... Hay que seguirle el rastro a cada euro procedente del erario.

¿Exagerado? ¿Imposible? Para nada. En Noruega (como no me canso de predicar) todos los datos fiscales de todos los contribuyentes están disponibles en la web de Hacienda. Hay estados que manejan sus cosas con una transparencia absoluta, que empieza en cada ciudadano y termina en las grandes instituciones públicas. Aquí no sabemos nada de casi nadie, especialmente de quienes operan a través de figuras societarias. Las grandes empresas son perfectamente opacas.

Y control, por supuesto. Del Tribunal de Cuentas, del Banco de España, de la Comisión del Mercado de Valores, de la Inspección de Hacienda y su Oficina Antifraude, de la Fiscalía... No solo para controlar a los políticos. El sector privado también debe estar sujeto a supervisión. El objetivo: evitar que desde arriba nos distraigan los millones a miles. Luego ya nos ocuparemos del chocolate (y el sueldo y los coches y tal) de los periquitos.

JLT  01/04/2015

Entonces... ¿Para qué se creó la Cámara de Cuentas? 20150201

Que el Ayuntamiento de Zaragoza arrastra un voluminoso déficit es algo de lo que no duda casi nadie (aunque 344 millones parecen demasiado). Que el Gobierno de Aragón elabora presupuestos de ficción y también ha generado un pesadísimo lastre de impagados resulta igualmente verosímil. La Cámara de Cuentas lo ha certificado, así como ha informado en términos muy críticos sobre la compleja ingeniería contable que reina en las grandes instituciones de la tierra Noble, el uso discrecional de sus fondos o la concesión a dedo de subvenciones y contratas. Es su obligación. Pero los dos principales partidos, PP y PSOE, que venían disfrutado con dichos informes siempre que le dieran caña al adversario (los conservadores se regodeaban si salía malparado el Consistorio zaragozano, los socialistas si la china le tocaba a la DGA), se han puesto de los nervios al ser ellos los aludidos.

El caso es que PP y PSOE fueron, precisamente, los inspiradores y creadores de la Cámara de Cuentas, una entidad pública destinada a supervisar la gestión económica de las instituciones aragonesas. La organizaron a su gusto, colocaron en ella a gente de confianza y procuraron limitar su capacidad auditora para que inspeccionase lo justo y sus conclusiones no generasen demasiada alarma social. El problema radica en que el órgano parece haber creado la función. O en que al final sus integrantes se han dejado llevar por el entusiasmo y la sinceridad. O en que, habiendo sido utilizada la Cámara en cuestión como una plataforma desde la que sacarle las vergüenzas al otro, el pim-pam-pum se ha descontrolado y ahora nadie se corta un pelo y las hostias se reparten a granel y sin distinciones. Así que conservadores y socialistas se están mosqueando y parecen haber llegado a la conclusión de que el retoño les ha salido borde.

Y sin embargo... En esta comunidad los concursos públicos son un barullo (véase el inaudito caso del nuevo Hospital de Teruel), la sanidad pública está colapsada, el Gobierno mantiene en su hoja de ruta la oferta de otro hospital (el de Alcañiz) a la iniciativa privada, el objetivo de déficit no se cumple ni por casualidad, las sociedades públicas arrastran pérdidas apenas disimuladas con discretas inyecciones de dinero público, la deuda aumenta sin parar, la Universidad sobrevive en medio de la penuria y la administración autónoma cierra caja cuando le place. En el Ayuntamiento cesaraugustano se usan los mismos trucos y otros todavía más retorcidos para mover las partidas presupuestadas, se conceden a piñón fijo contratas cuyo control posterior tiende a difuminarse (o a embarullarse) y se paga... cuando se puede.

Por eso la Cámara de Cuentas es creíble. Aunque exagere. 

JLT  01/02/2015

Empresas públicas aragonesas, el agujero 20141022

El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, dice bien cuando propone controlar más y mucho mejor a las empresas públicas aragonesas. Bueno... él mismo es presidente una de ellas (participada al 50% por Ibercaja), Aramón, y me consta que intenta poner un mínimo de orden en el organigrama, los sueldos del alto staff y el manejo de la sociedad, que es desde hace decenios uno de los agujeros negros descargados sobre las espaldas del sufrido contribuyente. Más control, sí. Más eficiencia. Más transparencia. Más realismo. Y se me olvidaba la principal: más vergüenza.

El barullo de Plaza, analizado anteayer en la Comisión de Investigación de las Cortes desde la perspectiva de los interventores, reflejó lo obvio: que la Plataforma, como otras empresas de la Corporación Pública, estuvo fuera de quicio durante años (en más de un decenio, sólo fue fiscalizada en cuatro ocasiones). Por falta de medios o de oportunidad o de lo que fuere, la Intervención (ahora la pongo con mayúscula pues se supone que es un organismo fundamental en cualquier institución pública) perdió hace tiempo de vista tanto a Plaza como a las demás. En estas condiciones, aún no ha sido posible llevar a cabo una auditoría seria de las distintas sociedades. ¿Deben 400 kilates?, ¿500?, ¿600? Habría que verlo y saberlo.

Sobre esas sociedades, los partidos del Sistema, PP, PSOE, PAR, sólo aportan cuando gobiernan datos e historias tan triunfalistas como falsos. Jamás recibieron las Cortes un informe empresa por empresa con su auténtica situación contable y un escandallo comprensible de gastos e ingresos. Todas o casi todas están en pérdidas. ¿Cuánto cuestan sus operaciones? Misterio. De cuando en cuando, las fuentes oficiales hablan de alguna de ellas (hace poco supimos, ¡al fin!, que cada GP de Motociclismo celebrado en Motorland cuesta más de 17 millones), mas cuando se hace el silencio, a temblar. ¿Desde cuándo no nos cuentan nada bonito sobre el aeródromo de Caudé o el parque tecnológico de Alcañiz o la actividad empresarial en Walka? Un pozo sin fondo. 

JLT  22/10/2014

Esto de la economía es la monda 20140710

Pues sí, la economía necesita controles, elementos reguladores, transparencia, normas estrictas, sentido social... Es que, si no, pasan cosas como las de Gowex, que al revelarse como una estafa en toda regla (otra más) ha dejado a los ultraliberales con el culo al aire. Muchos de ellos, como no tienen vergüenza intelectual, han reaccionado exigiendo lo mismo que antes negaban con furia: que el mercado, para no degenerar en crimen organizado, esté sometido a estrictas supervisiones. Pero esa conversión sobre la marcha tal vez se deba a que el fundador y presidente de la tecnoempresa devenida en fiasco, Jenaro García, era uno de ellos, un emprendedor de éxito premiado y agasajado. En el PP le daban cantidad de coba y le ponían como modelo de lo que necesita España. Ahora está todo quisque cabreado con él. Cosas de la vida.

La ortodoxia económica (neoclásica) se pretende indiscutible. Sus mandamientos se resumen en uno: que cada cual maneje sus intereses y sus energías como mejor sepa, y el que más pueda... millonario. Desde esa perspectiva sobran injerencias por parte de los estados. La buena política solo puede dirigirse a facilitar la actuación de las personas y corporaciones con iniciativa, liberándolas de legislaciones, supervisiones y pactos laborales. De obligaciones fiscales, también: el beneficio es sagrado. Hay que dejar fluir libremente el desarrollo y la riqueza, se dice. Pues vale... Pero en esas condiciones no es raro que ocurran cosas como esta de Gowex. Que tampoco es un fenómeno propio de la bolsa alternativa. En la otra, en la del Ibex, vimos hace bien poco un desembarco tan trucado y sucio como el de Bankia, con Rato a la cabeza (otra persona de orden, ¡vaya por Dios!).

¿Es tan difícil entender que la economía debe estar sujeta a controles y reglada por normas adecuadas? ¿Es tan aberrante exigir a las empresas (privadas o públicas) unas cuentas claras y una actividad compatible con los intereses mayoritarios? Parece evidente que no. Y sin embargo la doctrina que promueve lo contrario es hoy hegemónica e inspira la actuación de nuestras instituciones. La monda. 

JLT  10/07/2014

España, un país envuelto en tinieblas 20140306

El periodismo de datos consiste, básicamente, en disponer de robots buscadores que trabajan en internet recopilando toda la información que pueda interesar. Luego esa cosecha se baraja, se depura y se relaciona según unos argumentos que permiten (como hace, por ejemplo, el diario costarricense La Nación) saber cuántos candidatos a unas elecciones fueron condenados por delitos de diversa naturaleza, o qué propiedades poseen directa o indirectamente los altos cargos de un gobierno y cuánto tributan por ellas. Pero, claro, para poder hacer esto hay que trabajar dentro de unos ámbitos administrativos transparentes. Lo cual es posible en muchos países del mundo (y no solo en los del Occidente democrático). En España, no. Aquí vivimos entre tinieblas, a ciegas.

Para luchar contra la corrupción no basta con los códigos. De hecho, España ya dispone de tales recursos legales y de cautelas administrativas casi exageradas. El problema no está ahí, sino en la atmósfera cultural que permite a los corruptos encontrar siempre salidas estéticas o justificaciones de parte (el actual caso de Navarra es de libro). Añadamos a ello la opacidad que rodea la actividad de los gobiernos, de los organismos de control, y de los bancos y las grandes compañías. Casos como el Gürtel o el de los ERE (o, aquí, los de La Muela, Plaza y demás) encuentran en la opacidad su caldo de cultivo.

No crean, sin embargo, que transparencia es solo conocer los sueldos de los cargos políticos; es mucho más. Transparencia es tener en internet las cuentas de las instituciones y su evolución, las de las sociedades públicas y las de las entidades financieras. Sin trucos ni ejercicios de ilusionismo (como pasa con los datos de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, absolutamente indescifrables). Transparencia es poder conocer las adjudicaciones, las subvenciones y los convenios. Saber al detalle cuánto cuesta cada GP de motos de Motorland, y cuál es el balance real de dicha empresa, que apenas factura al año algo más de 4 millones, o por qué acumula pérdidas Aramón, que ingresa diez veces más. Si no, no hay nada que hacer. 

JOSÉ LUIS Trasobares 06/03/2014

Estropicios... por el bien de todos 20140212

El alcalde de Mallén y diputado provincial, Antonio Asín, condenado a siete años de inhabilitación por haber prevaricado, recurrirá este fallo para no perder sus cargos, a los que se aferra con uñas y dientes. Aramón y el ayuntamiento de Montanuy también presentarán recurso contra la sentencia que echa por tierra su fabuloso plan para construir una gran estación de esquí en Castanesa, porque si no lo hacen la sociedad semipública que gestiona el supuesto negocio de la nieve en Aragón tendrá que declararse en quiebra. Aquí, el que puede gana tiempo mientras proclama que hace lo que hace, e hizo lo que hizo, por el bien de todos, por su pueblo, por la creación de empleo, por el desarrollo del Pirineo (o del Bajo Aragón, o de Teruel, o de cualquier lugar de ese cúmulo de ínsulas que denominamos territorio). Y sobre este bonito panorama sobrevuela el inefable criterio citado expresamente por los jueces en el citado caso Mallén: las sociedades públicas, aunque gestionen el dinero del común, se rigen por el derecho privado. Toma ya. 

PP, PSOE (y su socio alternativo, el PAR) están literalmente enganchados a una peculiar visión del sector público que parte de la política de escaparate (a la levantina) y acaba en fracasos evidentes y despilfarros sistemáticos. Eso sí, puede tener éxito entre el personal. En Mallén, por ejemplo, los electores han seguido respaldando a su procesado alcalde. Y no serían pocos los aragoneses (no digamos si preguntásemos en los pueblos de Castanesa) que apostarían por seguir adelante con el tema del esquí.

Buena parte de las sociedades públicas y de los proyectos de naturaleza público-privada han traído aparejados enormes gastos y raquíticos beneficios. Si se han creado puestos de trabajo, ha sido a un coste desorbitado (a millón cada empleo, en algunos casos). Las cuentas jamás se han conocido con detalle, salvo cuando las investigaciones policiales han arrojado algo de luz. En ese oscuro ámbito, la incompetencia hace estragos y la corrupción acecha. ¿Acabará con esta situación la futura Ley de Transparencia? Ojalá. Aunque lo dudo. 

JOSÉ LUIS Trasobares 12/02/2014 

Aragón y sus circunstancias, 'ex novo' 20140130

Aragón, pese a la rigurosa obediencia que debe su presidenta a las órdenes emanadas desde Moncloa y Génova, las pasará canutas para cumplir con el déficit. Y no será porque el gasto y la inversión pública hayan aumentado allí donde son más necesarios. ¡Ah, no! La deuda de esta comunidad tira hacia arriba a muy buena velocidad, al mismo tiempo que los recortes devalúan sin tregua la calidad de los servicios esenciales. Mientras, el Gobierno autónomo cierra tesorería en noviembre y buena parte de los presupuestos se quedan sin ejecutar.

Aunque, claro, los presupuestos son de mentira. Hace años, cuando Marcelino y su amigo Biel movían la pasta con frenesí, esas cuentas regionales tenían cierta coherencia. Pero ahora su elaboración y aprobación se han convertido en un verdadero vodevil. Muchas de las partidas son de mentira; otras son utilizadas sobre la marcha para tapar vías de agua. Lo prometido no se cumple; lo anunciado a bombo y platillo, tampoco. Los ingresos se quedan por debajo de lo calculado. Y en la pista de ese circo, José Luis Saz, el consejero de Hacienda, hace malabares abriendo y cerrando los grifos para cuadrar el balance a martillazos. Es un estrés.

Tengo para mí que el modelo de presupuestos objeto de tan marxiana manipulación dejó de tener sentido hace años, incluso antes de que la crisis enseñara sus dientes. Aragón necesita una prospectiva contable más seria, más verosímil y distribuida de una forma mucho más inteligente. Aunque eso no sería sino el efecto de un giro total en muchas de las líneas estratégicas que se han incrustado en nuestro imaginario colectivo. Tenemos en marcha proyectos públicos que son una ruina o cuya gestión está hoy bajo fundada sospecha (de Aramón a Plaza, de Motorland a Caudé). Tenemos objetivos cuyo logro es imposible o, peor todavía, su consecución nos metería en problemas mayores. En los discursos oficiales, aparecen una u otra vez mitos ridículos, fruto casi siempre de la ignorancia o de intereses bastardos... O sea, que estamos listos para reinventarnos. Aragón, ex novo. 

JOSÉ LUIS Trasobares 30/01/2014 

Aramón y las demás 'bromas' públicas 20131108

Hace bien poco, el consejero Bono presentó en las Cortes aragonesas un informe muy elegante y reluciente sobre la situación de las empresas públicas. De tal documento se podían extraer datos escalofriantes relativos a dichas empresas (casi cien kilates de déficit anual y un agujero de cuatrocientos y pico millones), pero en realidad apenas describía el putiferio que hay montado. Tan es así que ahora nos explican las medidas para deducir la carga salarial de Aramón y nos describen, como sin querer, una situación alucinante: ¡49 directivos en los despachos!, ¡salarios de alta dirección!, ¡de 70.000 a 100.000 euros anuales más incentivos!, ¡coches con chófer!... Como estará aquello que para consolarnos nos prometen echar ya a la calle a media docena de cargos cuyas áreas "no tienen actividad". Genial, oye. ¡Qué diantres hacía allí esa gente si estaba inactiva!

Aramón debe 78 millones. La mitad corren a cargo de los contribuyentes aragoneses y la otra mitad va por cuenta de los clientes de Ibercaja. Sin embargo, en el colmo del pitorreo, la información sobre el organigrama de esta sociedad y sobre quiénes son y qué hacen sus altos ejecutivos nos es vedada con singular alegría. ¿Transparencia? Tururú. Las empresas públicas aragonesas funcionan con el dinero de todos (que pierden a espuertas, como digo) pero no rinden cuentas a nadie. No desde luego a la opinión pública, a la que desde hace lustros vienen entreteniendo (los que mandaban antes y los que mandan ahora) con publirreportajes sobre los motorlanes, plazas, aramones, barrios del AVE, aeródromos y otras supuestas maravillas. De todo ese mundo nos cuentan lo que les interesa y nos ocultan todo lo demás. Mientras, las operaciones y proyectos que allí se llevan entre manos acumulan déficits asombrosos, bajo la dirección de gente que nadie sabe cómo y por qué fue contratada pero cuyos sueldos causan sensación.

Aunque, claro, ¿qué nos podría contar de todo eso el consejero Bono cuando él mismo ha sido alma corazón y vida de Aramón y ese mogollón de 49 directivos ha de ser obra suya? ¡Bufff!, qué feo es todo esto. 

JOSÉ LUIS Trasobares 08/11/2013

Refinanciar 76 milloncicos... y lo que venga 20131029

Que el telecabina instalado en la Expo de Zaragoza (y sin uso desde el final de la muestra) sea llevado a Valdelinares para prestar allí servicio es casi un consuelo. Las idas y venidas del artilugio van a salirnos por unos ocho kilates (entre montarlo y desmontarlo), pero al menos el cacharro tendrá por fin alguna utilidad. Otros artefactos, infraestructuras y edificios no dan tanto juego. O siguen fuera de uso acumulando ruina, o para tenerlos en marcha hay que seguir metiendo millones a punta de pala. Cada error del inmediato pasado vuelve y vuelve a nosotros, sin solución de continuidad, con sus facturas bajo el brazo. Cosas de la vida.

Al mismo tiempo que nos contaban lo del citado telecabina, nos daban noticia de que Aramón (empresa semipública que posee y administra la mayoría de la estaciones de esquí aragonesas) va a refinanciar 76 millones de deuda. Se dice pronto, ¿eh? Doce mil y pico millones de las antiguas pesetas. Y no será lo único que sea preciso pagar tarde o temprano. La corporación que agrupa a las sociedades públicas aragonesas ha reconocido, por boca del consejero Bono, una deuda total de 455 millones. Era imposible deducir si esta cifra, impresionante en cualquier caso, no había sido mejorada durante la elaboración del extenso y evasivo informe que el Gobierno de la Comunidad llevó ayer a las Cortes y luego hizo público en su web. En más de doscientas páginas de cháchara, fotos y números indescifrables, apenas se disimula la naturaleza ruinosa de unas empresas que en 2012 perdieron 99,5 millones, el 6% más que en 2011. Eso sí, algunos de sus altos directivos siguen cobrando (pese a las iniciales rebajas) sueldos muy por encima del que percibe la presidenta Rudi. El jefe de Motorland, por ejemplo, cobra 80.000 fijos al año, que se aproximarían a los 100.000 gracias a ciertos pluses variables.

¿Transparencia? ¿Seriedad? No quieran los dioses. Como mucho podemos atisbar en las notas de prensa y entre la hojarasca de los informes oficiales algún detalle revelador del desastre que se agazapa en esas empresas públicas. Y espera... 

JOSÉ LUIS Trasobares 29/10/2013

Aragón se queda sin imaginario... y en la cuerda floja 20131020

Cuando los obispos de Huesca y Barbastro-Monzón puntualizaron al Gobierno de Aragón que los bienes de las parroquias de la Franja son de la Iglesia y no van a ser cedidos de ninguna manera al poder civil, uno de los lugares comunes más traídos y llevados últimamente en la Tierra Noble se vino abajo. No es que sus ilustrísimas planteasen nada nuevo, sino que su tajante posición evidenció que el traslado a la vida política de un asunto generado, incubado y eclosionado en el seno de la jerarquía católica siempre fue una ilusión argumental. De la derecha, por supuesto. Pero cuando, de forma casi simultánea, el diputado de CHA-Izquierda Plural, Chesús Yuste, se quedó prácticamente solo al reclamar en el Congreso que los arcos de La Aljafería, llevados tiempo ha al Arqueológico Nacional, vuelvan al lugar de donde salieron, aún estuvo más claro que aquí el patrimonio artístico nos importa un huevo... salvo que permita agitar algún contencioso con Cataluña. Con Madrid no hay problema.

Ésta es una tierra donde se multiplican las solicitudes de licencia para usar la técnica del fracking y los mismos que empiezan a ponerle buena cara a tal negocio y descartan que sea peligroso o lesivo declinaron construir un hospital en Teruel por miedo a los terremotos. Aquí se ha desarrollado una política industrial (mediante avales, subvenciones y sociedades públicas) que se cae a pedazos porque se llevó a cabo sin criterios ni seriedad, persiguiendo a menudo quimeras imposibles o confiando en auténticos sinvergüenzas. Nos revienta Plaza por las costuras de la presunta corrupción (cuadro de Goya incluido), y ninguno de los políticos y los partidos o entidades que tuvieron parte en el asunto se creen obligados a dar explicación alguna. Lo cual plantea un interrogante crucial: ¿qué pasaría si pasásemos por el cedazo a las demás sociedades públicas y examinásemos sus cuentas y la naturaleza de su descomunal agujero financiero?, y en todo caso... ¿por qué no se lleva a cabo tal examen?

Los fondos de Teruel, enterrados en proyectos faraónicos. Las comunicaciones transpirenaicas, cuya milonga suena y suena desde tiempos inmemoriables. El poder de las infraestructuras que, como es lógico, son un medio y no un fin en sí mismas, como creemos... Todo el imaginario está saltando por los aires. Podemos aferrarnos a él como naúfragos a la tabla. Pero no sirve de nada. O creamos otro catálogo de objetivos y sueños, o estamos sin futuro.

Sobre todo si seguimos administrados por quienes no parecen tener otro objetivo que destruir nuestros servicios públicos, dejarnos en una posición más subordinada que nunca y seguir metiéndonos por ojos y oídos unos argumentos tan patéticos como inverosímiles. 

JOSÉ LUIS Trasobares 20/10/2013 

Plaza, ¿el gran pufo aragonés? 20130928

Lo de Plaza se está poniendo muy caliente. Conforme la Policía desentraña los papeles incautados en los primeros registros, sale a la luz un presunto desfalco de grandes dimensiones. Allí, al parecer, todo el que podía ponía el cazo, facturaba a su favor, se apuntaba al sobrecoste y pillaba lo que podía. La pregunta del millón (de los 50 millones más bien) es: ¿cómo puede ser que durante años y años aquello fuera el paraíso del trinque sin que ni el consejo de administración ni los reponsables políticos de la plataforma percibiesen el olor a chamusquina? Porque al final tuvo que ser un ciudadano semianónimo, el actual alcalde de Lobera por el PSOE y empleado de Acciona, el que tiró de la manta por su cuenta y riesgo. Los demás, jefes y mandados en general, o estaban en Babia o participaban en el saqueo. 

Tengo curiosidad por ver cómo evoluciona este caso. No tanto por lo que pudiera dar de sí una comisión de investigación política que el PP y el PAR han boicoteado, ellos sabrán por qué, sino por la evolución del trabajo policial y judicial. ¿Serán llamados a declarar los exconsejeros socialistas Velasco y Vicente, presidentes que fueron ambos del consejo de Plaza? ¿Tendrá que deponer ante el señor magistrado el exconsejero delegado de dicha sociedad pública, Carlos Escó? ¿Y el papel jugado por el actual consejero, en el Gobierno PP-PAR, Francisco Bono, quien también estuvo en la cúpula de la plataforma representando a Ibercaja? Por otro lado, ¿qué puede pasar con las dudosísimas operaciones a favor de Agapito, el del Real Zaragoza, puestas en solfa por el Tribunal de Cuentas? Bueno, de momento van imputando a técnicos y empresas contratistas, supuestos actores principales del thriller.

Con este panorama, se hace imprescindible que de una vez por todas sean puestas bajo los focos las demás sociedades públicas que hay en la Tierra Noble. Visto lo visto, nadie tiene por qué creer que todo el barro está en Plaza y las demás (Motorland, Aramón, Zaragoza Alta Velocidad, etcétera) son gloria pura. Arrastran un agujero que suma ya varios cientos de millones de euros. El superpufo. 

JOSÉ LUIS Trasobares 28/09/2013  

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Cuando contratan en nuestro nombre 20130823

Ante los problemas surgidos en Plaza o en TUZSA-AUZ, muchos ponen sobre la mesa la necesidad de respetar al milímetro las normas relativas a la contratación por parte de las instituciones. Otros reclaman un cambio radical y constructivo de dichas normas. Yo creo, y lo digo de entrada, que aquí no tienen tanta importancia las reglas que puedan dictarse como el fair play de los jugadores y la rigurosa independencia de los árbitros. Porque si alguien está dispuesto a comprar voluntades y alguien quiere venderlas... no hay nada que hacer. En España, más que leyes hace falta un clima de honestidad, una atmósfera ética que emergiendo de la sociedad empape los organismos públicos y se imponga en la iniciativa privada.

Tomados al pie de la letra, los farragosos mecanismos que rigen concesiones, convenios, ayudas y otros gastos de naturaleza pública, permiten a las administraciones perezosas trabajar a muy largo plazo escudándose en que es imposible hacerlo a otro ritmo. Cada operación, cada proyecto, cada pliego de condiciones ocupa meses, años y lustros. Y lo más genial es que así se impide no solo actuar con presteza, sino también desarrollar iniciativas destinadas a abaratar los costes. Los más rígidos corsés burocráticos tienen esa contradictoria particularidad: son enemigos de la creatividad positiva, pero siempre acaban siendo permeables a la manipulación corrupta. Cualquier funcionario cualificado y activo o cualquier político decente y con ideas sabe de qué hablo.

La financiación irregular de los principales partidos (hecho evidente y probado o a punto de probarse) se fundamenta en la posibilidad de trampear a favor de los contratistas amigos y en contra de quienes no lo son tanto. Eso se puede hacer con la norma (bien trajinada) en la mano. Aunque claro, es más cómodo y virguero hacerlo a calzón quitado mediante organismos autónomos, institutos o sociedades públicas (como Plaza y las demás). Todo el sistema queda así comprometido por los vagos y los maleantes (o por quienes ejercen ambos oficios a la vez). ¿Leyes? Bueno... Hecha la ley, hecha la trampa. 

 JOSÉ LUIS Trasobares 23/08/2013

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Venga, no se me rajen las vestiduras 20130816

Las conclusiones respecto a lo que pasó en Plaza deberían ser un poquito más complejas y profundas que el habitual desahogo contra los políticos y los no menos habituales cruces de invectivas entre los hunos y los otros. Si en la plataforma logística, orgullo del desarrollismo zaragonés, pudieron hincharse (presuntamente) facturas y certificarse obras falsas, fue por la misma razón que el Instituto del Agua pagó trabajos jamás realizados en La Muela, o por la que los intentos de crear un gran polígono agroindustrial en Mallén acabaron haciéndonos rotos monumentales: porque alrededor de la DGA flotan organismos y sociedades públicas cuyas cuentas son un misterio, cuyos contratos son de todo menos transparentes y cuyos directivos, designados a dedo por los jefes de turno, hacen y deshacen a su antojo. Solo el conjunto de las citadas sociedades públicas ha generado un agujero negro capaz de engullir cientos de millones de euros (¿400?, ¿500?, ¿600?... no existe ningún cálculo preciso).

El problema es que aquí nadie ha querido llamar a las cosas por su nombre. El conjunto de proyectos desarrollados desde organismos y empresas como Plaza, Zaragoza Alta Velocidad, Aramón, Motorland o el Instituto del Agua ha sido percibido de forma positiva por una opinión pública sofronizada y sometida al catálogo de lugares comunes y de mentiras integrados desde hace decenios en el catálogo oficial.

Muchos aragoneses comulgaron (y comulgan) la mar de a gusto enormes ruedas de molino. Con argumentos simples, falsos pero muy eficaces, se convenció a la ciudadanía de que se hacían muchas cosas y todas por su bien. La gente compró el paquete. Incluso creyó a pies juntillas en ridículas quimeras tipo Gran Scala. Cómo están las cosas, que hace cuatro días instancias judiciales de la Tierra Noble no hallaron nada reprochable en la gestión de Plaza. Menos mal que el caso cayó en la Fiscalía Anticorrupción (en Madrid), donde los presuntos no tienen, según se ve, primos, amigos ni conocidos.

Y ahora, a rabiar. Ya te digo... 

 JOSÉ LUIS Trasobares 16/08/2013

Y ahora revienta Plaza, ¡en pleno puente! 20130815

Ahora sí que ha reventado agosto. Y en pleno puente. Por si teníamos poco con las evasivas declaraciones de los exsecretarios generales del PP y de la secretaria actual, ahora nos levantan un escándalo de muy estupendas proporciones aquí al lado, en Plaza. Nos vamos a enterar de lo caras que nos salieron aquellas dosis de autoestima en vena que nos recetaban el PSOE y el PAR en los alegres años de la estabilidad. Es una pena, pero resultará que los cenizos teníamos razón: en la mayor parte de la sociedades públicas creadas por la DGA no se estaba construyendo el Aragón del futuro (quizás de forma colateral) sino el Aragón del (presunto) mamoneo. Qué cruz.

Vista parcial de PlaZa en julio de 2013

Veinticuatro horas antes de que la Policía Nacional iniciara los registros en Zaragoza y detuviese al exgerente de Plaza, García Becerril, al todavía director técnico, Pérez Cervantes, y a una tercera persona vinculada también a la plataforma, era noticia el pastón que el Real Zaragoza está costándonos a los contribuyentes aragoneses. Ya nos han trincado dos millones como consecuencia de avales que el Marcelinato le firmó al amigo Agapito. Para colmo, tales avales fueron tramitados por el entonces consejero Bandrés, quien inmediatamente después sería presidente ejecutivo del propio Zaragoza con un sueldazo de aquí te espero. Qué feo, ¿no?

Pero ayer, sin previo aviso, empezaron a descorrerse los velos que ocultaban otro suceso extraño ocurrido por la misma época: el hecho de que la urbanización de Plaza, llevada a cabo por la UTE Acciona&López Navarro, estuviese costando un huevo y la yema del otro, muy por encima del precio habitual en polígonos de ese tipo. La Fiscalía Anticorrupción cree hoy que esa diferencia (de entrada, unos 50 millones de euros) se fue en trabajos y facturas falsas, apaños, regalos y maletines. Todo muy virguero. Tanto que la misma UTE ha seguido contratando obra a mogollón (actualmente urbanizaba Arcosur).

¡Ah, qué circulo vicioso (aunque delicioso)! Avales al Zaragoza, supuesta corrupción en Plaza. ¿En Plaza, digo? Pero... ¿no anduvo también por allí el inaudito Agapito? 

 JOSÉ LUIS Trasobares 15/08/2013

Red PAR: yo me lo guiso, yo me lo como 20130119

Los aragoneses bien informados saben que el PAR es básicamente un partido clientelista, una versión democratera del viejo caciquismo rural. Por eso los chascarrillos sobre ciertos contratos particularmente folclóricos de la sociedad pública Sodemasa han formado parte del Club de la Comedia aragonés, y yo mismo he susurrado aquí algún monólogo gracioso al respecto. Pero tras el estallido de la crisis no nos queda buen humor. No estamos para pijaditas. Por eso cuando la citada Sodemasa (empresa creada por la DGA para atender asuntos medioambientales) se fusionó con Sirasa (ídem destinada a desarrollar servicios en el sector agropecuario) su resultante, Sarga, se convirtió en una especie de bomba de relojería política. Ahora, el intento de aligerar su plantilla ha derivado en una espectacular explosión. Y las personas humanas, los aragoneses de pro, alucinan. Porque esto ha ido demasiado lejos. El Partido Aragonés es titular de una extensa red de intereses sencillamente increíble. Cutre, sí; casposa, cierto... pero profunda y extensísima. Una pasada.

En esta España perpleja ante la amplitud de las redes de corrupción nada debería extrañarnos. Pero las negociaciones sobre el futuro de la mentada Sarga, en la que directivos del PAR discuten con sindicalistas del PAR dando por supuesto que nadie joderá a los empleados del PAR, supera todos los límites. Conocer detalles sobre los ejecutivos bienpagaos, las oficinas sin actividad razonable, los suertudos que suman varios sueldos por la jeta o los representantes sindicales (¡incluso de CCOO, UGT y de OSTA!) que también están en el meollo te deja frito.

Eso sí, aunque podamos alucinar al conocer detalles de esa zona oculta del iceberg regionalista, donde habitan decenas y aun cientos de desconocidos paniaguados, recordemos que si el PAR ha llegado hasta aquí ha sido siempre con la desdichada complicidad del PP y el PSOE. Los dos partidos mayoritarios son tan culpables o más de este inmenso merdé. 

Lo siento por los empleados honestos de Sarga (que los hay). Pero a esa empresa, ¡pública!, no hay por dónde cogerla. Demasiado Juan Palomo. 

 JOSÉ LUIS Trasobares 19/01/2013

Otros artículos:
El turbulento fin de Sodemasa

Caja3, Sarga... del mal el menos 20121227

Algo es algo. Caja3-CAI ha retirado el ERE (que pasará a ser negociado, con Ibercaja en la trastienda), y en Sarga, la sociedad pública aragonesa que agrupa a Sodemasa y Sirasa, quedará algún margen para trabajar la alternativa (127 despidos o reducción salarial del 16%) a ver si es posible hacer un mix más o menos aceptable. Habrá, quizás, compasión aunque siga sin haber transparencia. Pero, claro, una cosa es aflojar el lazo y otra muy distinta que quienes tiran de la soga se la enrollen al cuello.

Es dudoso que la purga en Sarga se lleve por delante a los enchufados (sobre todo a los del PAR en Sodemasa) y deje vivos a quienes son verdaderamente imprescindibles para la realización de actividades tan esenciales como la guardería forestal, la lucha contra el fuego o el desarrollo de programas agropecuarios y medioambientales. Se supo que José Ángel Biel había enviado al PP una lista de intocables suyos que deberían salvarse del despido sí o sí. Y aún cabe la posibilidad de que, si alguno acabase en la calle, pudiera ser repescado en las comarcas, cuyos fondos y funciones van a crecer (según figura en los Presupuestos de la Comunidad para 2013).

Cualquiera sabe. Cualquiera se fía. En estos tiempos la mentira se ha convertido en virtud oficial. Sin complejos. Cada vez que viene a Zaragoza, la ministra Mato prodiga sus aleluyas sobre la forma de sostener la sanidad pública, universal gratuita y de calidad por el procedimiento de introducir copagos, reducir las plantillas, privatizar la gestión de los hospitales y eliminar servicios en la atención primaria y hospitalaria, lo cual ilustra a la perfección sobre la fiabilidad del personaje. Aquí, por ejemplo, están suprimiendo los laboratorios de los hospitales salvo el del Servet, que centralizará los análisis (y cuya externalización se da por cosa hecha). Así se retrasarán y complicarán los diagnósticos en toda la red asistencial. Por el bien de los pacientes, naturalmente.

¿Y qué se hace ante todo esto? Pues lo que han hecho los de Caja3-CAI: dar la cara y resistir. Digan lo que digan los esquiroles, es la única forma conocida de reducir los daños. 

 JOSÉ LUIS Trasobares 27/12/2012

Noticias sobre fusión Ibercaja y Caja3 
La gran mentira Nicolás Espada
Ibercaja no tocará su plantilla

Saber (o no) lo que se hace con nuestro dinero 20120902

De repente sabemos que el Gobierno de Aragón subvencionará con 4.000 euros la promoción del golf o que destinará otros 9.000 a Torreciudad, el santuario del Opus. Aunque las cantidades no son para espantar a nadie, éstos y otros datos similares publicados en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) están causando la perplejidad e incluso el mosqueo de amplios sectores de la opinión pública. No se entiende cómo hay dinero para objetivos aparentemente secundarios mientras treinta y tres mil niños aragoneses (y las correspondientes familias) se quedan sin becas para libros o comedor.

Pese a todo, una cosa es cierta: el actual Ejecutivo autónomo aragonés está incrementando de manera notable la transparencia de su gestión. Subvenciones, convenios y contratos aparecen puntualmente en el BOA, donde quedan sometidos al examen de los medios y la ciudadanía. No fue así en el inmediato pasado. En lo que se refiere al uso del dinero del común, la anterior Administración actuó de manera mucho más opaca. Y ello ocurrió justo cuando más generoso fue el Pignatelli con quienes requerían su atención y sus favores. Ya he dicho en otras ocasiones que Rudi está diciendo no (al menos en algunos casos) a quienes Iglesias decía sí, lo cual no deja de causar consternación en los poderes fácticos habitualmente conservadores.

Sin embargo la transparencia no llega a todas partes. La corporación de empresas públicas, enorme conglomerado que mantiene una plantilla promedio de mil y pico empleados y acumula una deuda superior a los ochocientos millones de euros, es una zona oscura llena de arbitrariedades, como ha desvelado la Cámara de Cuentas. El consejero de Hacienda, José Luis Saz, pone cara de duelo cuando se le menciona el tema de estas sociedades, que han contratado personal y servicios sin control alguno y han comprometido fuertes sumas (no miles sino millones) en operaciones confidenciales. Nadie duda (y Saz, seguramente, tampoco) de que una revisión rigurosa de las cuentas de Aramón, Motorland, PlaZa, ExpoZaragoza, Zaragoza Alta Velocidad y otras desvelaría una dimensión del problema aún mayor. Y sin embargo, Aramón quiere ampliar Cerler con una inversión inicial de más de ciento cincuenta millones y Motorland maquilla sus enormes pérdidas succionando cada año decenas de millones del fondo Especial de Teruel.

El derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero es fundamental. Tal vez produzca revuelos, incomprensiones o reacciones negativas por parte de una ciudadanía justamente escamada, pero es una condición imprescindible para sostener la calidad de nuestra democracia y para que todos podamos hacernos una idea de para qué hay recursos y para qué no. 

 JOSÉ LUIS Trasobares 02/09/2012