jueves, 10 de septiembre de 2015

¿Todo en manos de los jueces? 20150910

Escuché por la tele al portavoz del PP en el Congreso, ese dechado de simpatía llamado Rafael Hernando. Defendía la reforma del Constitucional, que ha propuesto el Gobierno central por vía de urgencia, sin consultar con nadie y anunciándola a través de su candidato a las próximas elecciones catalanas (para despejar dudas). De lo que dijo aquel caballero sólo logré descifrar un argumento: la reforma en cuestión, in extremis, tiene por objeto responder al desafío soberanista del 27-S. Todo lo demás resultó más confuso y oscuro, hasta llegar al negro total. Porque eso de que un tribunal pueda cesar ipso facto a un cargo electo resulta inquietante. Sobre todo cuando la suspensión no sea consecuencia de la comisión de algún delito, sino por diferencias en la interpretación de un texto sujeto a distintas visiones. Ya no estoy pensando en Mas, sino en cualquier otro político dispuesto a cambiar las cosas que no funcionan en este país, que son muchas.

A los jueces no los elige nadie, salvo otros jueces... y las cúpulas de los grandes partidos, que designan y negocian entre sí la composición de las más altas magistraturas. A partir de ahí, la situación se enmaraña. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a un Tribunal Superior (el de Aragón) dictaminando si un colegio privado puede abrir y ser concertado, o no, desde una Sala (presidida por un obvio partidario de la enseñanza concertada) cuyo primer auto desdeña los informes de las inspecciones encargadas, precisamente, de determinar si un centro educativo puede ser puesto en funcionamiento y recibir dinero público.

No me voy de un sitio a otro. Simplemente advierto de que la judicialización de la política ha llegado muy lejos. Si los jueces pueden enmendar la plana a cualquier institución pública e incluso revocar a los elegidos por la ciudadanía, ¿qué hay de la democracia? Pero, por otro lado, cuando nuestros representantes se salen del carril y las administraciones (chapuceras o prevaricadoras) vulneran los derechos de los administrados, ¿dónde acudir para frenar tales desafueros?).

Claro que si la Justicia fuera, de verdad, independiente... 

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