Medio país está con la cosa del veraneo y no se entera de nada (ni quiere); la otra mitad acaba de descubrir que modificar la Constitución es algo sencillo, rápido y de efectos fulminantes. Bueno, rectifico: si la modificación tiene que ver con replantearnos la Monarquía o con poner orden en el caos autonómico mediante fórmulas federales, entonces sí es algo complejísimo y prácticamente imposible; pero si la cosa va de dar gustirrinín a las altas cúpulas financieras, no hay trabas ni complicaciones que valgan. Es más, yo pensaba que cualquier intervención en el sacrosanto texto de nuestra Carta Magna debería ser sancionada mediante referendo. Pero no; basta con que PSOE y PP se pongan de acuerdo y ya no es preciso preguntarle nada al pueblo presuntamente soberano. P'a qué nos vamos a incomodar.
Esta curiosa situación tiene dos enfoques: uno positivo y otro negativo. Este último resulta obvio: los intérpretes de la corrección política y la legalidad institucional nos toman el pelo y actúan subordinados por completo a los intereses de ese monstruo económico que llamamos Mercado. Pero lo bueno de este malabarismo constitucional ejecutado a toda velocidad en plenas vacaciones es que demuestra la posibilidad de crear mecanismos de intervención urgente capaces de adaptar las reglas del juego a las necesidades emergentes. Ahora, esas necesidades tienen que ver con los manejos de los grandes inversores, pero algún día podría ocurrir que se atendiesen necesidades más generales. Imaginen ustedes que las agencias de calificación son puestas fuera de la ley por actuar a favor de los especuladores y alterar el precio justo de las cosas. O que operar a través de paraísos fiscales se convierte en delito. O que los directivos de las entidades financieras, en vez de retirarse multimillonarios tras promover clamorosas ruinas, acaban en el talego por chorizos. O que el suelo edificable pasa a ser propiedad pública y los particulares acceden a él mediante alquiler. O que... Bueno, una vez abierta la veda las opciones son innumerables. Aunque, claro, para eso habría que darle la vuelta a la tortilla y tener la sartén por el mango. Me entienden, ¿no?
J. L. Trasobares/El Periódico de Aragón/sábado 27.08.2011
Esta curiosa situación tiene dos enfoques: uno positivo y otro negativo. Este último resulta obvio: los intérpretes de la corrección política y la legalidad institucional nos toman el pelo y actúan subordinados por completo a los intereses de ese monstruo económico que llamamos Mercado. Pero lo bueno de este malabarismo constitucional ejecutado a toda velocidad en plenas vacaciones es que demuestra la posibilidad de crear mecanismos de intervención urgente capaces de adaptar las reglas del juego a las necesidades emergentes. Ahora, esas necesidades tienen que ver con los manejos de los grandes inversores, pero algún día podría ocurrir que se atendiesen necesidades más generales. Imaginen ustedes que las agencias de calificación son puestas fuera de la ley por actuar a favor de los especuladores y alterar el precio justo de las cosas. O que operar a través de paraísos fiscales se convierte en delito. O que los directivos de las entidades financieras, en vez de retirarse multimillonarios tras promover clamorosas ruinas, acaban en el talego por chorizos. O que el suelo edificable pasa a ser propiedad pública y los particulares acceden a él mediante alquiler. O que... Bueno, una vez abierta la veda las opciones son innumerables. Aunque, claro, para eso habría que darle la vuelta a la tortilla y tener la sartén por el mango. Me entienden, ¿no?
J. L. Trasobares/El Periódico de Aragón/sábado 27.08.2011
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