De repente sabemos que el Gobierno de Aragón subvencionará con 4.000
euros la promoción del golf o que destinará otros 9.000 a Torreciudad,
el santuario del Opus. Aunque las cantidades no son para espantar a
nadie, éstos y otros datos similares publicados en el Boletín Oficial de
Aragón (BOA) están causando la perplejidad e incluso el mosqueo de
amplios sectores de la opinión pública. No se entiende cómo hay dinero
para objetivos aparentemente secundarios mientras treinta y tres mil
niños aragoneses (y las correspondientes familias) se quedan sin becas
para libros o comedor.
Pese a todo, una cosa es cierta: el actual
Ejecutivo autónomo aragonés está incrementando de manera notable la
transparencia de su gestión. Subvenciones, convenios y contratos
aparecen puntualmente en el BOA, donde quedan sometidos al examen de los
medios y la ciudadanía. No fue así en el inmediato pasado. En lo que se
refiere al uso del dinero del común, la anterior Administración actuó
de manera mucho más opaca. Y ello ocurrió justo cuando más generoso fue
el Pignatelli con quienes requerían su atención y sus favores. Ya he
dicho en otras ocasiones que Rudi está diciendo no (al menos en algunos casos) a quienes Iglesias decía sí, lo cual no deja de causar consternación en los poderes fácticos habitualmente conservadores.
Sin embargo la transparencia no llega a todas partes. La corporación de
empresas públicas, enorme conglomerado que mantiene una plantilla
promedio de mil y pico empleados y acumula una deuda superior a los
ochocientos millones de euros, es una zona oscura llena de
arbitrariedades, como ha desvelado la Cámara de Cuentas. El consejero de
Hacienda, José Luis Saz, pone cara de duelo cuando se le
menciona el tema de estas sociedades, que han contratado personal y
servicios sin control alguno y han comprometido fuertes sumas (no miles
sino millones) en operaciones confidenciales. Nadie duda (y Saz,
seguramente, tampoco) de que una revisión rigurosa de las cuentas de
Aramón, Motorland, PlaZa, ExpoZaragoza, Zaragoza Alta Velocidad y otras
desvelaría una dimensión del problema aún mayor. Y sin embargo, Aramón
quiere ampliar Cerler con una inversión inicial de más de ciento
cincuenta millones y Motorland maquilla sus enormes pérdidas succionando
cada año decenas de millones del fondo Especial de Teruel.
El
derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero es fundamental. Tal vez
produzca revuelos, incomprensiones o reacciones negativas por parte de
una ciudadanía justamente escamada, pero es una condición imprescindible
para sostener la calidad de nuestra democracia y para que todos podamos
hacernos una idea de para qué hay recursos y para qué no.
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