Sobre las comisiones de las Cortes aragonesas que investigan lo
sucedido en la sociedad pública Plaza y en la CAI se han precipitado
cataratas de excusas. "No supimos (en los respectivos consejos de
administración) lo que realmente sucedía". "No nos informaron". "Sí nos
pasaban informes, pero no los estudiábamos porque nos fiábamos de los
gestores". "Hubo advertencias, pero no prosperaron". "No fallaron los
mecanismos, fallaron las personas". A veces, ese argumentario de
hojalata ha entrado en profundas contradicciones sobre lo que
presidentes, secretarios y consejeros podían o no podían saber. Y ha
resultado especialmente perturbador ver a gente bien formada, incluso a
supuestos expertos en economía, reconocer su ignorancia o su inhibición.
En un impresionante ejercicio de irresponsabilidad, políticos,
sindicalistas, académicos y ejecutivos ocuparon las cúpulas de una gran
plataforma logística y de una exitosa caja de porte medio sin saber o
querer saber lo que de verdad pasaba en ambas entidades. Es más, a la
vista de lo declarado ante las comisiones, se hace imposible entender
quiénes y cómo tomaban unas decisiones que comprometieron durante años
cientos de millones de euros. Las calamidades de Plaza y la CAI tienen
mucho en común. En ambos casos hubo una gestión no solo dudosa sino
presuntamente corrupta que ahora han de juzgar los tribunales. Pero
también hubo un pavoroso absentismo por parte de los respectivos
consejos de administración. Es probable que los integrantes de tales
consejos no estuviesen en el ajo y simplemente dejaban hacer a
los gerentes, o consejeros delegados o directores generales. En
cualquier caso tienen parte de culpa. Y conste que uno y otro caso han
supuesto pérdidas multimillonarias para las instituciones y el sistema
financiero de Aragón. El dinero que es imprescindible para soste
Es cierto que resulta difícil detectar sobre la
marcha los manejos de unos administradores supuestamente desleales. No
debiera ser así en sociedades teóricamente sometidas a controles y
garantías propias de su naturaleza social. Claro que, en estos mismos
momentos, la gestión de las empresas públicas dependientes del Gobierno
aragonés o la de las cajas de ahorro con sede en la comunidad continúa
siendo un arcano difícilmente descifrable no sé si para los respectivos
consejos de administración, pero sí para la ciudadanía que pone la
pasta. El último informe sobre las citadas empresas presentado ante las
Cortes de Aragón es un pastiche pseudocontable que para nada describe
las cuentas de explotación de cada sociedad. No hay transparencia, no
hay responsabilidad. Y luego...
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