Si mis colegas que andan por esos mundos se han convertido
en objetivo del crimen organizado, la insurgencia, el yihadismo, los
señores de la guerra, los servicios de inteligencia oficiales o
los mismos estados con asiento en la ONU, también los humildes
periodistas de provincias las pasan moradas. No son secuestrados ni
asesinados, pero soportan presiones de todo tipo y en su condición de
españoles están sujetos a sanciones administrativas que aún ha de
incrementar la futura ley de Seguridad Ciudadana.
He escuchado la grabación de una rueda de prensa ofrecida no hace mucho por el alcalde de Teruel, el conservador Manuel Blasco.
En ella se oye al regidor encararse con un colega que había cometido la
osadía de preguntarle por el convenio económico del Ayuntamiento con el
Casino de la localidad, cuya calamitosa gestión ha alcanzado categoría
de escándalo. Lleno de santa indignación el primer edil turolense le
dice al periodista algo así como "¡si tú me tocas los huevos, yo también
te los voy a tocar a tí!"; después de lo cual sugiere que quizás deba
pensarse si mantiene (o no) la publicidad municipal en el medio del impertinente colega. Tal cual.
Bueno, puede que al alcalde Blasco se le subiese la bilirrubina porque
el citado Casino de su ciudad, que lleva años sin dar cuentas a los
socios y arrastra un agujero de órdago pese a las generosas ayudas
municipales, está presidido por uno de su cuerda: José Manuel Muñoz, gerente del área sanitaria de Teruel y hermano de la concejala por el PP en el Ayuntamiento turolense Carmen Muñoz. En cualquier caso, ningún medio del lugar ha difundido el incidente. Por si acaso.
Sí, por si caso. Varios fotoperiodistas que cubren los asaltos a la valla de Melilla han sido multados por tomar imágenes inconvenientes.
Su caso ya no es excepcional. El Gobierno quiere extender tales
castigos a todos aquellos que tomen imágenes de las fuerzas del orden en
circunstancias que puedan vulnerar el honor o la intimidad de
sus integrantes. A criterio del correspondiente delegado del Gobierno
que no del juez, claro. Y no estamos en Venezuela, ¿eh?
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