Para cumplir el objetivo de déficit, Aragón debe llevar a cabo ahora
mismo un recorte de 700 millones de euros (según datos facilitados por
el propio ministro de Hacienda). En el conjunto de España, el ajuste,
que ya ha empezado, será de 20.000 a 25.000 millones (en este caso el
cálculo corresponde a la Troika). Además, la deuda pública del Estado ha
superado el billón y la específica de Aragón camina imparable hacia los
7.000 millones (ahí se lució Luisa Fernanda). En semejante
situación, lo fundamental del debate político y social ha de girar
necesariamente en torno a cómo equilibrar ingresos y gastos para salir
de un círculo vicioso que amenaza no solo nuestro bienestar (al menos el
que nos ha quedado tras los sucesivos recortes), sino la mismísima
democracia, que no puede existir si la desigualdad y la pobreza van a
más.
Justo en esta ardua encrucijada emergen las contradicciones, los
simplismos y resulta particularmente insufrible el peso de los peores
dogmas ideológicos. Para mí, la cosa tiene su aquel. Pasé los años de
vacas gordas renegando contra los despilfarros, las mamonadas, las
carísimas ocurrencias y la opacidad de tantas iniciativas públicas
trufadas de vacuo triunfalismo y patrioterismo local. Así me gané fama
de cenizo, de tanto advertir que aquel dinero haría falta después para
cubrir necesidades mucho más perentorias y esenciales.
Ahora, la realidad nos avasalla. Ya no es posible salvar a un equipo
de balonmano si la gente no va al pabellón y paga entrada. Ni es
factible dejar caer la red asistencial que atiende a los discapacitados
intelectuales para seguir haciendo carreras de motos. El rigor ha de
imponerse, y se impondrá (de peor o mejor manera) porque es imposible
mantener la ficción de que aquí no pasa nada que no se resuelva con
algún malabar presupuestario. De hecho, los presupuestos autonómicos
deben ser reseteados de cabo a rabo, con las prioridades bien claras. Si
el caprichoso PAR o el PP o el mismísimo PSOE quieren seguir con el
esquema habitual tendrán que explicarlo. Y si Podemos, CHA e IU albergan
alguna idea alternativa al respecto, ya tardan en ponerla encima de la
mesa.
Lo cual no quita para que ahora mismo, y con la que está cayendo, no
sea preciso lamentar a voz en grito que este país nuestro arrastre un
fraude fiscal de mas de 50.000 millones por ejercicio. Siguiendo ese
símil que tanto les gusta a quienes pretenden equiparar la economía
institucional con la doméstica, si España fuese una comunidad de
vecinos, tendría que lamentar los tontos gastos del pasado inmediato y
administrarse mucho mejor. Pero si los dueños de los pisos y locales más
grandes se empeñan en no pagar la cuota correspondiente... Ni Dios
cuadrará las cuentas.
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