Las proclamas ultraliberales (todo eso de que cada cual se busque la
vida y el que más pueda, capador) desquician a cualquiera. Es
inconcebible un modelo social en el que los más débiles no sean
asistidos y ayudados por el resto de la comunidad. Y cuando digo
débiles, estoy pensando en los más pobres, los niños, los ancianos, los
enfermos, las mujeres amenazadas, los inmigrantes... en particular los
discapacitados intelectuales, que son los más frágiles. Conozco
directamente este sector porque llevo años vinculado a él. Sé por ello
que sus logros en los últimos decenios, conforme el esfuerzo de las
familias implicadas ha sido respaldado por el Estado del Bienestar, han
sido magníficos. Todo se ha logrado a un coste razonable, merced a la
colaboración entre las administraciones y las organizaciones
asistenciales, cuya profesionalización y transparencia no han dejado de
ir a más.
Los discapacitados intelectuales están muy bien
atendidos, y su vida se normaliza: trabajan, hacen deporte, se enamoran,
se hacen viejos... Una tupida red de residencias, pisos asistidos,
centros de día y ocupacionales, centros especiales de empleo y
asociaciones deportivas y culturales cubre sus necesidades, de acuerdo
con la planificación que controla el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Pero todo el sistema entró hace ya tiempo (durante el
mandato de Rudi) en una coyuntura crítica que ahora se agrava por momentos. El Gobierno Lambán
ha dejado de pagar el coste de las plazas concertadas con las
organizaciones del sector, al igual que los complementos salariales que
corresponden a los centros especiales de empleo. Envía a residencias y
centros a los discapacitados, pero luego tarda meses en suscribir los
correspondientes convenios. El resultado final no puede ser otro que el
derrumbamiento de la red asistencial, a la que se está forzando a pedir
crédito tras crédito (y a pagar intereses) para sostener su actividad.
Es intolerable.
Que esto pase en Aragón bajo un Gobierno PSOE-CHA
llena de perplejidad a los afectados. Toda la ciudadanía debería
alarmarse. ¿Vamos a dejar caer a los discapacitados?
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