Tiene razón la actual portavoz del PP en las Cortes aragonesas: el conflicto del colegio Ánfora
es consecuencia de una cacicada política de mucho cuidado. Y ahora,
como el tema ha reventado, todo son acusaciones, sospechas, llanto y
crujir de dientes. Es lo que suele ocurrir cuando responsables políticos
y funcionarios no cumplen con su deber, o lo cumplen mal, o se dejan
llevar por alguna querencia.
Que este centro obtuviera en marzo el plácet del Departamento de Educación (a la sazón gobernado por la conservadora Dolores Serrat)
y de inmediato fuese concertado resulta incomprensible. En aquel
momento, el presunto colegio estaba en obras, resultaba imposible que la
Inspección pudiera visar sus instalaciones y parecía complicado
discernir si la cooperativa de profesores peticionaria había contratado a
una empresa de la construcción para levantar el edificio... o era esta
constructora una promotora que luego montó la cooperativa por el procedimiento de reclutar por internet profesores-socios cuyas aportaciones capitalizaban el proyecto.
Un trámite, el de concertar un colegio, que habitualmente lleva mucho
tiempo se resolvió casi sobre la marcha con un notorio trato de favor y
un manejo arbitrario de la normativa ¿Qué informes hubo?, ¿qué
inspecciones?, ¿qué control? Ni siquiera el Ayuntamiento de Cuarte, muy
por la labor, había dado licencia de primera ocupación (acto que acaba
de efectuar, también sobre la marcha, cuando los montones de escombros,
los andamios y la grúa todavía están ahí).
Añadamos a todo ello la relación de la constructora con la trama
Púnica, sus vínculos con el PP (el partido de la consejera Serrat), el
afán de esta señora por frenar la construcción de colegios públicos y
alentar la de privados concertados (incluso cediéndoles suelo)... Vamos,
una cacicada en toda regla. Harían bien los padres de los alumnos
matriculados en falso y los profesores de la cooperativa en pedir
explicaciones a esos políticos (y a sus amigos empresarios) que les
metieron en este laberinto. Porque ahora simplemente se trata de aplicar
la norma y defender el interés general.
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