Al fin, se empieza a poner el foco donde debió estar siempre: en qué
condiciones, con qué participación y desde qué mayoría podría aceptarse
(como algo inevitable) un proceso de independencia en Cataluña. Si este
hubiera sido desde el principio el quid de la cuestión, ahora no
estaríamos así, las próximas elecciones catalanas no serían un desafío
explícito al Estado y ni Mas ni los oportunistas de
Esquerra hubiesen convertido el independentismo en una bandera tras la
que camuflar sus errores políticos, su corrupción y su vacío
programático. Una adecuada racionalización de este asunto (a la vista de
que amplios sectores de la sociedad catalana se alinean en el frente
nacionalista) habría permitido establecer las condiciones de una
eventual consulta con formato de referendo y la inexcusable exigencia de
que solo una amplia participación del electorado y una mayoría muy
cualificada a favor de la separación obligaría a negociar y establecer
un nuevo estatus para Cataluña. Con esa alternativa, tomándoles la
palabra a los soberanistas, todo se hubiese encauzado, porque estos
nunca han tenido suficiente ascendiente como para arrasar en las urnas.
Pero...
Es obvio que a los catalanes no les interesa marcharse dando un
portazo. Su muy ventajosa relación comercial con el resto de España
quedaría tocada por la inevitable reacción a su actitud y el
consiguiente boicot a sus productos. Cataluña quedaría dividida en el
interior y aislada en el exterior. Feo asunto. Tan feo, no se olvide,
como la situación de España al perder uno de sus territorios más
activos, dinámicos y ricos (ya solo faltaría que se fuesen también los
vascos).
Por eso hace falta racionalizar el problema. A Mas y a Junqueras
ya les va bien esto de las elecciones plebiscitarias, convocadas como
"última opción". Vienen sugiriendo que 68 diputados sobre 135
(incluyendo a la CUP) serían suficientes para preparar la proclamación
de independencia. O sea, que les bastaría con menos del 50% de los
votos. Y ahí está la clave. Hablemos de eso... Pero con criterio
democrático y atendiendo al Derecho comparado. No como lo hace Rajoy.
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