domingo, 19 de agosto de 2012

Desmontar el sector público a la chita callando 20120819

El Gobierno de Aragón todavía no ha decidido qué hará con la cobertura sanitaria de los inmigrantes sin papeles. Mientras, 86 médicos de atención primaria han anunciado ya su intención de objetar una posible supresión de tal asistencia. Ellos seguirán atendiendo a quien lo necesite. ¿Existe otra salida para quienes aún posean un mínimo de humanidad y de compromiso con la sanidad pública?
Retirar la cobertura a los sin papeles, como no me canso de repetir, solo es el tajamar de un programa mucho más amplio cuyo objetivo es un nuevo modelo sanitario. Pretender, como hacen algunos voceros de la derecha, que esta es una medida decisiva en la racionalización y la sostenibilidad del sistema de salud es una broma, una más de las que nos vienen endosando los actuales gobernantes. En realidad lo que se está haciendo es reducir todas las prestaciones de carácter periférico que afectan a pocas personas o a colectivos previamente estigmatizados. Por supuesto, así no se reducirán costes de forma significativa. Eso vendrá luego, cuando a la chita callando se le meta mano a lo que podríamos denominar ámbito fundamental de la sanidad pública. El tremendo incremento de las listas de espera, el cierre y concentración de servicios, la constante reducción de personal van en esa dirección. 

Que todo está en el aire (y no solo lo que afecta a los inmigrantes sin papeles) lo demuestra el hecho de que se estén pasando los meses sin que se renueven los contratos de los servicios de ambulancia en la comunidad. No se ha convocado un nuevo concurso, pese a que era preceptivo hacerlo. Según se ha explicado de manera oficiosa, el retraso se debe a que no está claro si en el futuro habrá copago o no por la utilización de dichos servicios. Lo cual plantea una doble sospecha. Por un lado, quienes están en el ajo empiezan a pensar que alguien, en el Pignatelli, quiere prorrogar como sea la contrata con la empresa Ambuibérica, irregular, polémica y que ha tenido un coste adicional de varios millones de euros. Por otro, centenares de pacientes sujetos a tratamiento de diálisis o quimioterapia temen con fundadas razones que en el futuro deban pagar por las ambulancias que les traen y les llevan al hospital, a veces varios días a la semana.

El traslado del coste sanitario desde los impuestos al copago por parte de los usuarios es una espada de Damocles que pende sobre millones de españoles: ancianos, pobres, discapacitados, parados, trabajadores con contrato temporal... Si esta amenaza se suma a la que supone el encarecimiento de la educación en todos sus niveles, el golpe será demoledor y alcanzará incluso a las clases medias.

Silencios, evasivas, excusas... Y detrás de todo ello, un porvenir oscuro e incierto. Da miedo. 




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